COP17: Greenpeace pide redoblar esfuerzos para alcanzar las metas globales de biodiversidad hacia 2030

La organización ambiental señala que la falta de financiamiento, los subsidios que favorecen actividades destructivas y las garantías insuficientes para los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales siguen obstaculizando la protección de la biodiversidad.

Bogotá, 8 de noviembre de 2026.- La 17.ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP17), que finalizó el pasado 31 de octubre en Ereván, Armenia, dejó algunos avances para impulsar la implementación del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, pero no logró dar una respuesta a la altura de la urgencia de la crisis global de biodiversidad.

A cuatro años de 2030, el mundo continúa lejos de cumplir las 23 metas acordadas para detener y revertir la pérdida de la naturaleza. Aunque durante la conferencia se aprobó la Ruta de Yerevan para acelerar su implementación y se avanzó en mecanismos de participación en la toma de decisiones por parte de pueblos indígenas y comunidades locales, Greenpeace advierte que siguen sin resolverse obstáculos fundamentales: la falta de cumplimiento de los compromisos financieros por parte de estados ricos, el reconocimiento de la contribución de territorios indígenas a las metas de conservación, la insuficiente contribución del sector privado y la continuidad de subsidios públicos que favorecen actividades perjudiciales para los ecosistemas.

Proteger la naturaleza debe ser una prioridad de todos los gobiernos. Los bosques, páramos, humedales, ríos y mares sostienen el agua, los alimentos, los medios de vida y las culturas del país. Su conservación es una condición para un desarrollo que pueda mantenerse en el tiempo y distribuir sus beneficios de manera justa.“La COP17 dejó algunos avances para continuar impulsando la agenda global de biodiversidad, pero también evidenció que seguimos lejos de las acciones concretas y los recursos necesarios para frenar su pérdida en los territorios. Desde Greenpeace insistimos en que no podemos hablar de conservación mientras persistan políticas e incentivos que favorecen actividades destructivas, ni avanzar en las metas de biodiversidad sin garantizar los derechos y la participación efectiva de las comunidades que protegen los territorios”, señaló Laura Caicedo Valencia, Coordinadora de Campañas de Greenpeace Colombia.

Después de la COP17, Colombia debe demostrar esa prioridad en sus presupuestos y en las decisiones sobre agricultura, energía, infraestructura y uso del territorio. El cumplimiento se mide en ecosistemas saludables, especies que mantienen sus hábitats y personas cuyos derechos y condiciones de vida están protegidos, no solo en áreas protegidas en un mapa.

La organización también advierte que la meta 30×30, que busca proteger y conservar al menos el 30 % de las áreas terrestres, marinas y costeras para 2030, no puede limitarse a declarar nuevas áreas protegidas. Es necesario garantizar recursos para su conservación, conectividad ecológica y respeto por los derechos de las comunidades que habitan y protegen esos territorios. En paralelo, el Fondo de Cali, creado para que las empresas que crean productos basados en la naturaleza contribuyan de forma voluntaria a su protección, continúa enfrentando dificultades para operacionalizar y recibir recursos.

“Proteger la biodiversidad no es solamente una cuestión ambiental: de ecosistemas saludables dependen el agua, los alimentos y los medios de vida de millones de personas. Colombia no puede quedarse en los compromisos asumidos en Cali y ahora en Ereván, Armenia; debe demostrar que está dispuesta a tomar las decisiones necesarias para proteger sus territorios, empezando por designar presupuesto y capacidades para la protección de la naturaleza. Desde Greenpeace seguiremos trabajando para que la conservación se traduzca en acciones verificables y en garantías reales para quienes defienden la naturaleza”, agregó Laura Caicedo Valencia.

Para Greenpeace, el resultado de COP17 debe ser un llamado a acelerar la acción. Con 2030 cada vez más cerca, los gobiernos deben dejar atrás las promesas y garantizar políticas, financiamiento y medidas concretas para detener y revertir la pérdida de biodiversidad.