Las finanzas abiertas transforman el poder del consumidor sobre sus datos
Tu historial bancario ya no es propiedad exclusiva de tu entidad. El Decreto 368, analizado por Rodrigo Pinilla en una nueva1 #VideocolumnaPHR, obliga a liberar la información de los usuarios y desata una competencia tecnológica sin precedentes entre la banca tradicional y las Fintechs.
El Gobierno expidió el Decreto 368 de 2026, instaurando el sistema de finanzas abiertas obligatorias en el país. Esta disposición determina cómo las instituciones compartirán datos de usuarios con terceros, democratizando el acceso a la información para fomentar mayor competencia bajo estrictos protocolos de protección.
La transición al modelo de finanzas abiertas es algo histórico, pues permitirá compartir información de productos adquiridos, historial de vinculación del usuario y características de ofertas, permitiendo que esta portabilidad de datos otorgue a los ciudadanos la capacidad de contrastar tasas, costos y beneficios frente a las alternativas del mercado.
Para mantener la confianza de los consumidores, el intercambio de datos exigirá infraestructuras apoyadas en Interfaces de Programación de Aplicaciones (API, puentes de comunicación de software) y la interoperabilidad será el pilar tecnológico que permitirá a distintas plataformas dialogar de forma segura y automatizada.
Entender el alcance de esta normativa es esencial. «Este sistema, en pocas palabras, regula la manera en que los proveedores podrán entregar datos personales de clientes a terceros receptores, que podrán ser entidades no vigiladas», explica Rodrigo Pinilla, asociado en Derecho Financiero de Posse Herrera Ruiz, en la reciente #VideocolumnaPHR.
Esta ambiciosa apertura de la información impone desafíos técnicos profundos, ya que por un lado, las entidades bancarias tradicionales deberán inscribirse en un directorio oficial y diseñar políticas claras de vinculación, y por otro, las llamadas «Fintechs» asumen el inmenso reto de fortalecer sus manuales de tratamiento de datos y redactar formatos de autorización que logren la plena confianza ciudadana al momento de entregar su valiosa información financiera.
La viabilidad de este ecosistema recae ahora sobre los hombros de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ya que tiene una agenda estricta de seis meses para detallar el cronograma de estandarización técnica, y al mismo tiempo, cuenta con doce meses para habilitar el directorio de participantes y deberá diseñar indicadores precisos para medir el verdadero nivel de adopción de las finanzas abiertas en todo el territorio nacional.
El Decreto 368 marca una innegable reconfiguración del poder en la industria nacional, debido a que al devolver a las personas el control absoluto sobre su huella financiera, se abre la puerta hacia un mercado dinámico de productos personalizados y altamente competitivos. Los próximos meses serán el verdadero termómetro del mercado para evaluar con rigor si esta evolución regulatoria logra transformarse exitosamente en una mayor inclusión económica para toda la sociedad colombiana.
